Por: Jose Luis Rivera García

El 28 de abril de 2021 fue el día que marcó el inicio de una serie de protestas y movilizaciones de amplios sectores sociales, las cuales terminaron por conocerse como Paro Nacional o estallido social. Motivado, en principio, como rechazo a la propuesta de reforma tributaria del Gobierno del entonces Presidente Iván Duque y luego, también frente al manejo dado a asuntos que iban desde la pandemia del COVID-19, hasta los sistemas públicos de salud y educación, pasando por la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC; entre la agenda del Paro, se abrió cada vez más paso el rechazo al tratamiento mismo que dicho Gobierno le dio a la protesta social, que se extendió por todo el territorio nacional y comprometió también a autoridades locales y regionales, sobretodo en términos de garantías a los Derechos Humanos.

En el informe publicado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se resalta que, en términos del derecho a la vida, la Oficina recibió 63 denuncias sobre muertes en el contexto de las protestas, de ellas, verificó 46, entre las cuales pudo determinar que 44 de las víctimas eran civiles y 2 agentes de la Policía Nacional. La misma entidad aseguró que existían motivos razonables para afirmar que de los casos verificados, en 28 los presuntos perpetradores habrían sido integrantes de la Fuerza Pública (en al menos 10, podrían estar vinculados miembros del ESMAD). En otros 10, los perpetradores habrían sido actores no estatales.

La violencia afectó gravemente el derecho a la protesta de los colombianos y se expresó no solo en homicidios, sino en privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo.

En este contexto, el Valle del Cauca y Cartago no fueron la excepción. Miles de personas se volcaron a las calles y vías principales y secundarias fueron bloqueadas por manifestantes que se reconocían como parte de la Primera Línea, una forma de resistencia frente al uso de la fuerza por parte del Estado que se emuló de las manifestaciones que ocurrieron en Hong Kong y Chile en 2019. La Primera Línea se basó, generalmente, en grupos de civiles (la mayoría jóvenes estudiantes o desempleados y sin acceso a educación) identificados por llevar escudos de lata, los rostros cubiertos, portar gafas, cascos, guantes y otros elementos con el propósito de defenderse y defender a quienes se encontraban en medio de confrontaciones.

Uno de aquellos escenarios de confrontación fue el Puente Bolívar o “Puente de la Resistencia”, que comunica a Cartago - Valle del Cauca, con Pereira - Risaralda. Hubo varios enfrentamientos en los que miembros del ESMAD intentaban disolver la protesta por la fuerza y la Primera Línea respondía, a veces, por la misma vía. Hubo homicidios, heridos de bala, amenazas, el Hospital San Juan de Dios vio un día sus pasillos llenos de gas lacrimógeno. Más de un mes después, las autoridades locales (alcaldía, personería, defensoría) y la Primera Línea, realizaron una serie de acercamientos y llegaron a acuerdos con el fin de desbloquear la vía y cesar la violencia.

Como fenómeno espontáneo, muchos de los integrantes de la Primera línea apenas se conocieron allí, entre ollas comunitarias y convites culturales u organizando barricadas con llantas, palos y escombros. Tenían propósitos comunes “una fundación para que les den clases, una guardería para que las madres solteras puedan trabajar” se reportaba en La Cola de Rata al entrevistar a Paula Acevedo, del sindicato local.

Algunos ya eran líderes sociales, otros se forjaron allí. Después del desbloqueo, unos siguieron un camino personal y otros más no solo mantuvieron su palabra de no bloquear el puente de nuevo, pese a que consideran que hubo muchos incumplimientos desde entonces hasta hoy, sino que emprendieron un sueño colectivo: Esperanza por Cartago.

“De ahí para acá, entonces nosotros vimos la necesidad de conformarnos como fundación. ¿Por qué? porque por Primera línea estábamos teniendo mucha estigmatización, ya nosotros decíamos ?Vamos hacer un evento y somos de Primera línea?, y entre la gente como que ?¡Ay! De primera línea: vándalos, gamines?. Es como esa clase de estigma que quizá la misma administración y la misma fuerza pública nos mostraba” afirma Laura Cardona, pionera de la Fundación Esperanza por Cartago.

Laura apenas ronda los 30 años, tiene cinco hijas y sostiene a su familia como madre cabeza de hogar dedicándose a oficios muy disímiles: desde la talabartería hasta la elaboración de productos de aseo pasando por las ventas. No tiene estabilidad laboral, pero se enorgullece de sus distintas destrezas, de contar con tiempo para su familia, de guardar tiempo para su estudio (está por terminar el bachillerato, animada por sus compañeros) y para las actividades de la fundación.

“Ahí [durante el Paro Nacional] nos juntamos varios liderazgos y en estos momentos estamos haciendo procesos de acompañamiento en los sectores más vulnerables, estamos estudiando Derechos Humanos, estamos estudiando veeduría pública. Muchos de nosotros estamos terminando bachiller. Tenemos un programa con la fundación Forjando Esperanza que se llama el Libro Calle, acá mismo en La Platanera tenemos un dispensador de libros y ahí hacemos cuentos, tenemos un programa de flautas con compañeros, todo es autogestión, a nosotros no nos patrocina nadie, somos muy independientes y somos todos, tomamos nuestras propias decisiones” apunta Laura, describiendo algunas de las iniciativas que adelantan actualmente.

Calcula en cerca de 90 los colaboradores de la Fundación, entre los que alrededor de 30 son los participantes más activos. Provienen de diferentes barrios de la ciudad: Bellavista, La Pobreza, El Ciprés, La Primavera, El Mariscal, Sierra del Olvido, La Paz, entre otros.  Tres veces al mes organizan una olla comunitaria en distintos barrios de Cartago. Además, realizan encuentros para promover la lectura, organizan un “Cine Calle” una vez al mes y hacen colectas para entregar alimentos y mercado con donaciones de personas, empresas y bancos de alimentos.

Su intención no es solo cambiar los señalamientos que recaen sobre sí mismos como integrantes de la Primera línea, sino aportar con sus propias propuestas y labores a hacer un mundo más libre y solidario, lo que desde el principio los motivó a marchar, protestar y resistir.

Uno de las actividades que más resalta es “La Paz es un juego de niños: Primer festival de juegos tradicionales” que se realizó el pasado 10 de diciembre en el barrio La Platanera. Hay un lema que resuena mientras se anima a los niños a jugar: “para la guerra nada”. Viene de una canción, de la cual están montando una versión con el grupo de flautas. Laura explica el porqué: “es que llevamos toda una vida siendo gobernados por las mismas personas que no han sembrado sino terror, miseria, hambre, necesidad (…) hemos vivido muchos años en violencia y nosotros ya queremos un mundo en paz, un mundo tranquilo donde los niños puedan salir, puedan disfrutar, puedan ser libres”.

Hubo competencias de encostalados, la carreta, yeimi, la cholá, bolas, la vara de premio, yoyo, trompo, entre otros, con entusiasta participación de los niños del barrio. Todo terminó con una sancochada y una natillada. Laura afirma que el propósito también es recuperar la memoria, sobre costumbres y valores que propicien un mejor relacionamiento. Y tiene una connotación especial, es un festival en homenaje tanto a Morado y Lora, dos compañeros fallecidos, uno de ellos en el marco de las protestas, como a todos los manifestantes que murieron bajo circunstancias violentas, para seguir haciendo memoria.

Con el ánimo de evitar abusos de la fuerza o acompañar a que estos hechos no desemboquen en mayor violencia, Esperanza por Cartago ha gestionado una formación en Derechos Humanos que actualmente cursan algunos de sus integrantes con la Pastoral Social. Con ello, han ejercido veeduría frente a procedimientos de la fuerza pública que consideran arbitrarios, realizado denuncias y asesorado a jóvenes que consideran están detenidos injustamente. Su idea es ser replicadores de ese conocimiento y apropiación de los derechos. Han logrado que, por ejemplo, durante operativos de la fuerza pública en ciertos barrios, los jóvenes, en lugar de predisponerse para un enfrentamiento, tomen evidencia del procedimiento y se apoyen para elevar denuncias formales por presuntas vulneraciones, incluso cuando son víctimas de agresiones físicas.

Aun no tienen un sitio propio donde realizar sus reuniones, así que la planeación se hace en parques, plazas y andenes. Una de sus metas es conseguir el espacio, que también sirva como locación para capacitaciones y emprendimientos.

Para estas festividades navideñas, organizan y entregan regalos para niños y niñas de lugares marginados del municipio que acompañan en ocasiones con ollas comunitarias y muestras culturales. Están convencidos de que la lectura, los juegos, el muralismo, la música y los emprendimientos comunitarios aumentan las posibilidades de que los jóvenes salgan de espirales de violencia y reivindiquen la vida y la paz. No han dejado de reconocerse como Primera línea, más bien han ampliado y fortalecido lo que significa para ellos resistir y luchar.

Mientras se escribe este artículo, se sigue debatiendo sobre la conveniencia de la propuesta del Gobierno del Presidente Gustavo Petro de liberar jóvenes procesados penalmente pertenecientes a grupos de Primera línea para convertirse en gestores de paz. En cualquier caso y más allá de los debates sobre términos y alcances jurídicos, los jóvenes de Esperanza por Cartago son un ejemplo práctico y concreto de pedagogía por los Derechos Humanos y de solidaridad social.