Colaboración especial de: María Alejandra Rojas García
Angie Sofía Rodríguez Muñoz
Zahira Valenzuela Garcés
“Para nosotros podría ser mejor que no supieran nuestra historia, pero si no contamos ni hablamos, todos nuestros muertos van a quedar muertos para siempre. Nosotros no podemos enterrarlos, no podemos olvidarlos.” (Alfredo Molano, 1944-2019)
Como bien es sabido, Colombia es un país que ha tenido una historia permeada por diversos tipos de conflictos internos. Uno de los más emblemáticos fue el conflicto armado entre el Gobierno Nacional y las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Estas fueron un grupo guerrillero al margen de la ley, cuyo surgimiento data, según diversas fuentes, entre los años 1950 a 1966. Constituidas como grupos de autodefensa campesina, buscaban reivindicar los intereses de los territorios y actuar como agente defensor de los desplazados.
Fuente: Pagina web Comisión de la verdad.
Dos décadas después de su nacimiento, surge el que podría denominarse el primer intento de proceso de paz entre dicho grupo insurgente y el Gobierno colombiano a cargo del presidente Belisario Betancur hacia 1984. Sin embargo, dicho intento fracasó. Posteriormente, hubo dos intentos fallidos por buscar la paz con las FARC, el primero entre 1989 y 1992; y el segundo en el gobierno de Andrés Pastrana, el cual tiene recordación en el país por el episodio conocido como “la silla vacía”.
Finalmente, el 27 de agosto del año 2012, el presidente Juan Manuel Santos reconoce públicamente que el Gobierno adelanta conversaciones exploratorias con las FARC-EP a fin de terminar el conflicto con este grupo insurgente. Después de aproximadamente 50 años de conflicto, el 24 de noviembre del 2016 se firma el Acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, pese a los resultados previos obtenidos en el plebiscito del 2 de octubre del mismo año ante la pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?”, en la que ganó el NO.
Como parte esencial de dicho Acuerdo de paz mediante el Decreto 588 del 2017 nace la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la cual se configura como un ente autónomo e independiente de orden nacional. Esta, posee un rango constitucional y deberá cumplir con 3 tareas fundamentales: escuchar a quienes han estado involucrados directa o indirectamente en el conflicto; realizar un proceso de contrastar, corroborar y comprender lo dicho por las voces participantes; y, construir el informe final que contenga la recopilación de historias y experiencias del conflicto, a partir de diversas voces que permitirán mostrar los diferentes matices y contextos productos de la variedad de perspectivas de cómo se vio y vivió el conflicto armado en el país entre 1958 y 2018.
Actualmente, la CEV se encuentra en la realización de sus dos primeras etapas, en las que ha adelantado procesos de escucha y contrastación de la información. Para ello, ha realizado alianzas con diversas entidades en pro de fortalecer los procesos realizados y asegurar una mayor rigurosidad respecto a la información manejada acerca de los hechos ocurridos. Por tal motivo, se establecieron convenios con diferentes universidades del país, tanto públicas como privadas, entre las que se encuentran: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Santo Tomás de Aquino, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Distrital, la Universidad del Rosario y la Universidad Externado de Colombia.
Con esta última, la Comisión de la Verdad adelanta procesos desde la segunda mitad del año 2019 a través de la investigación en los laboratorios de futuro, cotidianidad y crisis de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (CSH) de la misma. Esta alianza, pretende poner al servicio de la Comisión los aportes de estudiantes de 7o, 8o y 9o semestre de la facultad, que han sido construidos en torno a hitos del conflicto armado. Adicionalmente, para finales del año 2019, la Universidad Externado de Colombia y la Comisión de la Verdad logran llegar a un acuerdo en la realización de un convenio de prácticas y pasantías con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. A partir de estas prácticas, se busca contribuir al ejercicio profesional de los estudiantes y también que ellos mismos, a través de los conocimientos adquiridos en la academia, aporten a la construcción de verdad y a los procesos requeridos por la Comisión para que esta pueda entregar el informe final al país.
En lo que va de transcurrido del año actual, el programa de Trabajo Social de la Facultad de CSH, vincula por primera vez a tres estudiantes de octavo semestre al espacio de práctica. Un espacio novedoso que se gesta en el Área de Comunidad, Desarrollo Social y Participación Política, que busca aportar y enriquecer los procesos llevados a cabo en la CEV desde la Macro-territorial Bogotá-Soacha partiendo de dos perspectivas, una investigativa y otra práctica.
La primera perspectiva, hace referencia al trabajo de investigación de fuentes documentales y secundarias con relación a dos grandes temas. El primero, acerca de qué significó ser joven en el contexto del conflicto armado desde distintas temporalidades en la ciudad de Bogotá (desde 1958 hasta 2018), a fin de crear contextos explicativos para los diferentes hitos de violencia en Colombia. Esta construcción, se viene desarrollando en conjunto con la herramienta digital “Rutas del Conflicto”, con el propósito de aportar diversas perspectivas que permitan una comprensión más amplia del conflicto en el territorio capitalino y, de igual manera, dar reconocimiento y difusión de cuáles fueron las principales afectaciones a la población civil joven. La herramienta, aún se encuentra en construcción, sin embargo, para más información se puede consultar el siguiente enlace https://rutasdelconflicto.com/
El segundo proceso investigativo, se desarrolla en torno a los diferentes tipos de resistencias que se gestaron en la ciudad de Bogotá, como una forma de luchar y reivindicar los derechos de las víctimas. Desde nuestra investigación, hemos podido analizar y estudiar procesos de resistencia desde la cotidianidad como los Costureros de la Memoria o las Madres Víctimas de los Falsos Positivos. Asimismo, organizaciones y movimientos sociales en defensa de los derechos humanos como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, que se gestaron y tuvieron su zona de influencia en la ciudad capital.
Y desde la perspectiva de trabajo práctico, decidimos plantear un proyecto de intervención que sirva como insumo tanto para los productos requeridos por la práctica, como para dar respuesta a necesidades de la misma y aportar al esclarecimiento de la verdad. Nuestro proyecto de intervención, está ligado entonces a la búsqueda de casos de desaparición forzada de jóvenes entre 1980 y 2018 en la ciudad de Bogotá. Con ello se busca construir una cartografía social participativa en donde se visualice dónde ocurrieron los hechos. Además, pretende ser una herramienta que permita dar cuenta de por qué, cómo, cuándo y quiénes son los responsables de los hechos. La fase de construcción del proyecto ya está terminada y será remitida al equipo de trabajo de la CEV para que este sea llevado a cabo por las estudiantes practicantes del próximo semestre (2020-II).
Finalmente, se está pensando en la forma de generar procesos de radios juveniles que involucren la participación de jóvenes en la ciudad, entre otras ideas. Estos procesos se irán construyendo y desarrollando con el transcurrir de los días y según los tiempos y requerimientos de inmediatez de la práctica. Somos tres estudiantes quienes hacemos actualmente la práctica en la CEV. Si bien por la coyuntura actual no ha resultado fácil llevar a cabo nuestra labor, estamos seguras de que la contribución de saberes aplicados desde el Trabajo Social a la Comisión es un ejercicio fundamental para construir país. Y, a su vez, para aportar desde una perspectiva social todos los conocimientos necesarios para que sea posible esclarecer los hechos de violencia en Colombia y de ser posible permitir que estos no vuelvan a ocurrir.
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